La corrupción es un mal que se apoderó de instituciones gubernamentales del Paraguay, en especial de gran parte de los miembros de la Policía Nacional, sumado a esto, la terrible impunidad que no distingue rangos ni jerarquías. El Código de Ética ostenta problemas de gestión y aplicación y la Justicia Paraguaya es frágil benevolente y muy comprable.
La Policía Nacional de la República Paraguay, por concepto, es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Su función es mantener el orden público legalmente constituido, de la prevención de los delitos y de su investigación bajo la dirección de la autoridad judicial.
Pero, ¿realmente son todo eso que describe su concepto? La sociedad no concuerda con el lema que reza el logo de la Policía Nacional de “Orden y Patria”, ya que los funcionarios policiales están salpicados constantemente por graves hechos de corrupción en todos las jerarquías existentes.
La mafia ocurre de distintas maneras y se escala desde policías que extorsionan a empresarios y turistas, que colaboran con abigeatos, facilitan clonación de documentos y chapas de automóviles, colaboran con robos a entidades financieras y comerciales, realizan “barreras” o “controles ruteros” para coimear; hasta policías que ofrecen protección a narcotraficantes y contrabandistas, filtran datos para evitar procedimientos o capturas, liberan mercaderías o drogas decomisadas, proporcionan armas para asaltos, trabajan en entidades financieras o comerciales privadas y destinan un porcentaje de su salario para el “jefe policial” para que lo tenga en nómina sin cumplir con la función pública, en fin, una gran rosca de recaudación y protección para delinquir, siendo ellos los que deben protegernos de la delincuencia.
Aunque tampoco soy ciego y puedo resaltar que la Policía Nacional si posee policías de bien pero que están asqueados por la forma de trabajo de sus compañeros y no pueden exponerse ni reclamar por temor a represalia incluso la muerte.
Pero… sabemos que la responsabilidad penal es personalísimo; la pena y las medidas de seguridad sólo pueden imponerse a quien haya incurrido personalmente en la comisión de un delito. En materia penal conceptos como la representación o transmisibilidad no existen: responde sólo quien haya cometido delito.
Eso significa que quien haya caído en hechos de corrupción es quien debe pagar una culpa y no toda la POLICÍA NACIONAL como entidad debe ser manchado como corrupta. Pero, ¿cómo quitar ese chip de la ciudadanía? Solo fortaleciendo a las instituciones competentes de investigar, juzgando y sancionando con cárcel los casos de corrupción, en fin, castigar como es debido a quienes van en detrimento del desarrollo de la sociedad al cometer actos corruptos, considerando que hay una grande y mafiosa red de delitos cometidos por policías de todos los rangos, más aún de los jefes y que quedan impunes.